*Nuestro país acusa a estas empresas de armar a cárteles; busca miles de millones en indemnización y cambios en la industria
Xalapa, Ver., 04 de octubre de 2024.- La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido escuchar la apelación de la industria armamentista sobre un fallo que permite al gobierno mexicano continuar con su demanda contra varios fabricantes de armas estadounidenses. Nuestro país argumenta que estas empresas deliberadamente aprovecharon el mercado criminal, lo que resultó en la proliferación de armas en manos de cárteles del narcotráfico.
El gobierno mexicano sostiene que los fabricantes de armas, entre ellos Smith & Wesson, Barrett Firearms y Beretta, deben ser responsabilizados por los daños ocasionados y modificar sus prácticas de venta. Exige miles de millones de dólares en compensación y cambios significativos en las regulaciones de la industria.
No obstante, la industria armamentista estadounidense está protegida por la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA) de 2005, que otorga inmunidad a los fabricantes de armas frente a demandas relacionadas con el uso de sus productos en actividades delictivas. Un juez federal desestimó la demanda inicial, pero un tribunal de apelaciones permitió que el caso avanzara.
El gobierno mexicano argumenta que su demanda está amparada bajo una excepción de la PLCAA, que permite demandar cuando un fabricante de armas viola intencionalmente leyes federales o estatales. Este caso marcará la primera vez que la Corte Suprema se pronunciará sobre el alcance de dicha excepción.
La industria armamentista, apoyada por 27 congresistas republicanos y fiscales generales de varios estados, sostiene que México no ha demostrado que las empresas estadounidenses sean responsables directas de la violencia de los cárteles. Consideran la teoría legal de nuestro país como «sin fundamento» y un intento de imponer controles de armas que los estadounidenses no aceptarían políticamente.
A pesar de la importancia del caso, muchos de los fabricantes ya han sido excluidos del proceso judicial. En agosto, un juez dictaminó que seis de las ocho empresas involucradas no enfrentan la jurisdicción de la corte, lo que deja sólo a dos empresas expuestas a posibles sanciones.
La Corte Suprema revisará la apelación durante su próximo período anual, y se espera una decisión definitiva para el verano de 2025. Si la corte falla a favor de México, la demanda continuará en sus primeras fases, lo que pospone la posibilidad de obtener indemnizaciones de manera inmediata.
