*Este fenómeno no es nuevo en México, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004 es un antecedente notable de esta estrategia, señalan analistas
Xalapa, Ver., 22 de octubre de 2024.- En un artículo publicado en el medio digital SinEmbargo.Mx por la periodista Sugeyry Romina Gándara, se informa que la oposición ha lanzado acusaciones de desacato contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, argumentando su negativa a retirar la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este episodio ha sido calificado por analistas políticos como un claro ejemplo de «lawfare», término que describe la persecución judicial utilizada por la derecha en América Latina para atacar a líderes de izquierda.
Este fenómeno no es nuevo en México; el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004 es un antecedente notable de esta estrategia. Según analistas consultados por SinEmbargo.Mx, la «guerra judicial» que se está llevando a cabo busca deslegitimar el liderazgo de Sheinbaum tras un amparo emitido por la Jueza Nancy Juárez, que impide la publicación del decreto de reforma al Poder Judicial.
Juan Carlos Monedero, cofundador del partido español PODEMOS, recordó que esta situación rememora el desafuero de López Obrador y describió la acción judicial como parte de una estrategia orquestada por sectores de la derecha que, tras perder elecciones, recurren a jueces para bloquear el avance de gobiernos progresistas. Monedero enfatizó que el desacato, como figura jurídica, ha sido desechado en otros países, lo que plantea preocupaciones sobre la legitimidad de las acciones de la jueza.
Alina Duarte, también periodista de SinEmbargo.Mx, destacó que, desde la victoria de Morena en 2018, se ha observado un patrón de ataques judiciales y mediáticos contra figuras políticas de izquierda. Para ella, la actual situación de desacato es un claro ejemplo de un aparato judicial que opera de manera sistemática y constante.
Por otro lado, Aníbal García, investigador del Observatorio Lawfare en México, argumentó que, aunque hay similitudes con otros casos en Latinoamérica, la situación en México no se puede catalogar como lawfare en el mismo sentido. García afirmó que, a diferencia de lo ocurrido en Argentina y Brasil, en México no hay un intento explícito de eliminar candidaturas, aunque sí una fuerte judicialización de la política que impide la implementación de reformas.
La politóloga española Arantxa Tirado también relacionó el actual contexto con el desafuero de López Obrador, señalando que las tácticas de lawfare han sido recurrentes en la región. La comparación entre la situación actual y la de líderes como Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil subraya la peligrosidad de estas maniobras.
Monedero alertó sobre la posibilidad de un “golpe de Estado blando” en el que el poder judicial intenta usurpar funciones del legislativo, lo que podría afectar seriamente la democracia en el país. Alina Duarte coincidió en que la radicalización de las acciones judiciales debe ser motivo de preocupación tanto para el círculo presidencial como para la población.
Ambos analistas enfatizaron la importancia de que los ciudadanos defiendan su voto y se mantengan alertas ante estos intentos de desestabilización. En sus declaraciones, subrayaron que el poder constituyente reside en el pueblo y que es crucial recordar que la Constitución debe estar por encima de cualquier acción judicial.
